Cuando la morosidad ralentiza el sector del transporte

La morosidad y los retrasos en los pagos constituyen una práctica con dañinas consecuencias sobre los negocios, una realidad que en España afecta de manera determinante al sector del transporte.

Así lo corrobora el último Informe de Pagos por Sectores de Intrum Justitia, compañía especializada en gestión del crédito en Europa, que concluye que el 52% de las empresas que operan en este ámbito se ve obligado a establecer plazos de cobro más largos que los acordados inicialmente.

A pesar de ofrecer condiciones generosas, tanto los consumidores como el sector privado tienden a agotar los tiempos marcados, que se sitúan en 20 y 45 días respectivamente. Por su parte, la administración pública también incumple con el periodo establecido y, aunque suele contar con un margen de 42 días, tarda de media 16 más en hacer efectivos sus pagos.

La principal causa de los retrasos es la dificultad financiera de los deudores, razón que identifica el 70% de las empresas preguntadas. Sin embargo, también destaca el hecho de que el 52% apunte hacia la intencionalidad del retraso, así como la ineficiencia de los departamentos de Administración (48%).

Más allá de los motivos, la demora en los pagos representa una amenaza real para la supervivencia de muchas corporaciones. Así, dos tercios (65%) de las compañías encuestadas mantienen que puede tener un impacto medio-alto sobre su liquidez, porcentaje muy superior a la media sectorial europea, que se sitúa en el 47%.

También el 65% califica como medio-alto el riesgo de que los retrasos causen pérdidas directas, dato significativamente por encima del promedio europeo (49%). Un temor que se confirma al constatar que las pérdidas por impagos en el sector del transporte y almacenamiento se sitúan en el 1,3%.

Otro inconveniente son las cargas adicionales en concepto de interés, señaladas con un impacto elevado por el 61% de las encuestadas, mientras que el 34% apunta también hacia la imposibilidad de contratar a nuevos profesionales y el 30%, a la falta de oportunidades para crecer.

Así pues, se vislumbra un nuevo inconveniente de la morosidad: la escasa capacidad de las empresas que la sufren para generar empleo. En este sentido, cabe destacar que el 30% de las compañías afirma que, de hecho, podría ampliar sus plantillas si cobrasen antes.

Por otro lado, la mala praxis en cuanto a la ejecución de los pagos deriva en la paradoja de que las compañías que cobran tarde se ven forzadas a su vez a retrasar sus propios pagos. Un círculo vicioso que en nuestro país se refleja con especial intensidad en el sector del transporte, donde el 83% de las empresas reconoce haber ejecutado con retraso alguna de sus facturas, dato en línea con la media europea (84%).

El informe elaborado por Intrum Justitia examina también aquellas medidas que las organizaciones ponen en marcha para protegerse frente al impago, siendo los seguros crediticios y el cobro inmediato las precauciones más populares (48% de las encuestadas). Le siguen la verificación crediticia (43%), el pago por adelantado (39%) y las garantías bancarias (35%). Además, el 9% de las empresas evita la morosidad a través de contratos de factoraje.

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